Tras un año de demora y con tramitación de urgencia en el Congreso de los Diputados, el BOE publicó el 9 de noviembre la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Esta norma supone un gran avance sobre la legislación existente ya que termina con la ambigüedad en la interpretación de los plazos de pago de los proveedores de la AA.PP. e incorpora las mejoras de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE.

El sector de los áridos, a través de la Federación de Áridos – FdA ha estado trabajando intensamente en la tramitación de esta Ley en el Congreso de los Diputados, celebrando reuniones con responsables clave en el diseño del texto, para darles traslado de las necesidades de la industria en relación con varios aspectos, en especial, con los relacionados con morosidad, bajas temerarias, inclusión de aspectos de calidad, medio ambiente y seguridad, etc. A lo largo de su tramitación, esta norma ha ido incorporando todas las propuestas planteadas, gracias a las diferentes peticiones comunicadas a los grupos parlamentarios, que han podido ser impulsadas como enmiendas y que se lograron introducir en el texto definitivo de la normativa, logrando un amplio consenso político. Esta labor en el Congreso se ha coordinado íntegramente con la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción – CEPCO.

Asimismo, la FdA ha trabajado intensamente con CEPCO, con la Confederación de Industrias Extractivas de Rocas y Minerales Industriales – COMINROC y con otras organizaciones, en la defensa de los intereses sectoriales en el seno de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales – CEOE, donde esta labor ha dado sus frutos logrando neutralizar posicionamientos de ésta, muy perjudiciales para las empresas de nuestras industrias.

También, la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad – PMcM, de la que la FdA es, asimismo, miembro, ha jugado un importante papel en el éxito logrado colectivamente.

Por motivos obvios, el ingente trabajo detrás de estas acciones se ha desarrollado dentro de los protocolos de transparencia, pero con la debida discreción. La aprobación de la nueva Ley se ha caracterizado por su amplio consenso político, ya que de las 1.081 enmiendas presentadas por los partidos políticos la mayoría (975) fueron incorporadas.

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