“La cooperación entre minería y renovables va a generar oportunidades de negocio en el entorno de la transición ecológica”
La Federación Empresarial de Industrias Extractivas de la Comunidad Valenciana (FIECOVA) ha celebrado una reunión en la que ha participado la directora general de Industria, Energía y Minas, Empar Martínez, para tratar las oportunidades que va a generar el Decreto Ley 14/2020 de Energías Renovables de la Comunidad Valenciana en las industrias extractivas. En la jornada también ha participado la Asociación de Energía de la Comunidad Valenciana (AVAESEN) y el departamento de Derecho Público de Garrigues.
El objetivo de esta nueva normativa es impulsar la transición ecológica y la recuperación de la economía valenciana a través de las inversiones en renovables. Empar Martínez ha señalado en su intervención que “me hace ilusión esta jornada por muchas razones, pero la principal es por el trabajo conjunto de dos sectores tan importantes para nuestra economía, la industria extractiva y las energías renovables. Dos actividades que en principio están en espacios distintos pero que, con esta ley, van a poder encontrarse. En la Comunidad Valenciana tenemos empresas activas y socialmente responsables. Esta cooperación va a generar posibilidades de innovación y nuevas oportunidades de desarrollo de negocio. Prácticamente todas las explotaciones mineras tienen una línea eléctrica y esto ya es una ventaja. Y también pueden facilitar el cumplimiento de un espacio que ya ha sido agotado”.
Por su parte, Marcos J. Lacruz, presidente de la Asociación de Energía de la Comunitat Valenciana (AVAESEN), ha comentado que “tener más renovables en nuestras industrias va a hacernos ganar en competitividad. Tenemos una transición energética que va a crear miles de millones de euros de inversión y esto puede paliar la crisis que estamos viviendo. Este webinar nos va a ayudar a promover planes conjuntos para encontrar oportunidades”. El objetivo es que los promotores de instalaciones de energías fotovoltaicas puedan ubicarlas en el suelo de explotaciones mineras de forma prioritaria ya que estos espacios presentan varias ventajas respecto al suelo rústico no explotado con anterioridad. Para empezar, resulta lógico ocupar un suelo que ya se ha explotado y ha sido afectado por otra actividad para evitar consumir suelo ‘nuevo’.
El Decreto Ley favorece este tipo de instalaciones renovables y se quiere llegar a un objetivo muy ambicioso, multiplicar por 16 las instalaciones fotovoltaicas. Al sector de la minería y las energías renovables se les crea una oportunidad perfecta para crear sinergias, los dos se ubican en suelo no urbanizable. Puede ser muy favorable para las explotaciones mineras implantar instalaciones de autoconsumo para minimizar el impacto de emisiones para una transición hacia una minería verde. Ya existen algunos ejemplos, en Chile y Alemania, pero también en España como el de la implantación de huertos solares en las Baleares y el de las minas de Río Tinto. “Es una apuesta por una minería limpia con proyectos de centrales fotovoltaicas que favorezcan la restauración de estos espacios”, ha señalado José Segarra, socio del departamento de Derecho Público de Garrigues. Jurídicamente si que se puede poner en marcha gracias al artículo 8.2d que dice “se deberá priorizar su implantación en suelos degradados por explotaciones mineras y vertederos, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de restauración y rehabilitación exigidas por la regulación”.
“El principal escollo que podemos encontrar para la instalación de energías renovables en nuestras explotaciones es la necesidad de modificación y agilización de los planes de restauración por parte de la administración, lo cual lleva asociado la elaboración de un nuevo proyecto de restauración que deberá someterse a una evaluación de impacto ambiental, teniendo en cuenta las elevadas exigencias para obtener una DIA favorable. Por otro lado, no podemos olvidar la importancia de la gestión de los avales de restauración una vez ejecutado el proyecto de explotación. Ya que se debería modificar el actual procedimiento administrativo”, ha apuntado Custodio Monfort, presidente de Fiecova.