A lo largo de las últimas semanas el sector minero ha hecho un gran esfuerzo por mantener el sistema productivo de la Comunitat Valenciana, evitando que se paralicen las obras consideradas como infraestructuras vitales para el sector sanitario, como los hospitales de campaña. Las empresas mineras valencianas han suministrado material para las cadenas de producción de los sectores industriales considerados como actividad esencial. Las obras de reparación imprescindibles se han podido garantizar gracias a la implicación del sector en las emergencias (abastecimiento y depuración de aguas, de suministro eléctrico o de telecomunicaciones).

“Pese a no ser considerado actividad esencial, desde el primer momento nuestras explotaciones están a disposición del gobierno y las empresas para todo aquello que necesiten. Lo que si que hemos echado de menos ha sido una mayor agilidad en la interlocución con la Administración Pública”, asegura Custodio Monfort, presidente de Arival. La minería está demostrando que es el motor para las comarcas más desfavorecidas, demográfica y económicamente. Ante las dificultades que está atravesando el turismo, la industria minera puede ayudar al empleo de estas zonas. “Exigimos mayor capacidad de gestión y acceso a la financiacón para paliar los efectos económicos de la crisis, y poder garantizar el empleo, cumplir con el pago de las facturas de suministros, proveedores y otras deudas y obligaciones tributarias”.

Por otra parte, desde la proclamación del estado de alarma el sector se ha preocupado por aplicar un protocolo de seguridad para evitar el contagio de sus trabajadores en las explotaciones mineras, fruto de ello es la escasa incidencia del COVID-19. ”Pero nos gustaría tener acceso a realizar test a nuestros trabajadores y así estar totalmente seguros y tranquilos”, asegura Monfort. 

Por último, desde Arival concluyen que el sector necesita una solvencia jurídica, agilidad en los trámites administrativos, facilitando la resolución de todos los expedientes, “de modo que se pueda minimizar la inseguridad jurídica existente antes de la pandemia, y que ahora más que nunca se precisa de una resolución rápida”.