La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) lamenta que el Tribunal Europeo lejos de sentar criterio genere confusión dejando en el limbo la solución a la devolución de los intereses de demora. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) deja a 230.000 proveedores sin los 3.000 millones de euros a los que el Gobierno les exigió renunciar si querían cobrar mediante los planes de pago a proveedores puestos en marcha desde 2012.

“Teníamos la convicción de que la sentencia del TJUE supusiera un punto de inflexión en la lucha contra la morosidad en España, pero su interpretación excepcional lo que genera es una posición de dominio de las AA.PP. en el pago a proveedores”, denuncia el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.

“En su sentencia de hoy, el TJUE argumenta que la firma de la renuncia de los intereses de demora es legítima en sí misma siempre y cuando fuera voluntaria y precisamente el saber si lo fue corresponde determinarlo a un juez nacional. Creemos que con ello no tiene en cuenta la relación de posición de dominio entre cliente y proveedor”, afirma Cañete.

Sobre la voluntariedad de la renuncia a los intereses de demora

La abogada general, Eleanor Sharpston, en mayo de 2016 concluyó que la medida del Gobierno fue legal porque, a su parecer, la renuncia a los intereses de demora fue “voluntaria” al considerar que los acreedores tenían otras “opciones reales”.

Así lo manifestó “a pesar de ver que la propia Comisión Europea intentó replicar vehementemente que, en cierto modo, el mecanismo no era voluntario y que, de hecho, los acreedores no tenían elección”, explica Cañete.

Para el presidente de la PMcM, el argumento de la voluntariedad resulta “injustificable y sorprendente” a la vista del literal del artículo 7.2 de la Directiva 2011/7, donde se recoge que se considerará manifiestamente abusiva una cláusula contractual o una práctica que excluya el interés de demora.

En su opinión, “lo justo sería que se exigiera a las AA.PP. que pagaran de oficio los intereses de demora; no es comprensible que cuando los ciudadanos y empresas liquidamos nuestros impuestos fuera de plazo tengamos que pagar intereses, y que no ocurra lo mismo con las AA.PP.”.

Pendientes de la respuesta de la UE sobre otra cuestión vital

La Comisión Europea ha anunciado de forma inesperada que expedienta al Gobierno español y le insta a adoptar medidas antes de dos meses para que las administraciones cumplan el plazo legal de 30 días. “Este aviso solo puede interpretarse como una exigencia a la implantación del Régimen Sancionador de manera inmediata, que es una de nuestras históricas reivindicaciones”, señala el presidente de la PMcM.

La PMcM está a la espera de recibir respuesta por parte de la institución europea sobre otro asunto más de vital importancia: que ponga fin a la metodología establecida por ley en España para el cálculo del periodo medio de pago de las AA.PP., “que desde la PMcM venimos denunciando que maquilla la cifra real, al reducirla en al menos 30 días”, recuerda.

“Ante el gran trabajo que hasta ahora había estado realizando la UE en líneas generales en materia de impagos a proveedores, desde la PMcM confiamos en que la próxima decisión que tome sea, por el bien de nuestras pymes y autónomos, favorable a nuestros intereses, tal y como les hemos solicitado”, asegura el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.

Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público

La PMcM ha alertado de la grave situación de la tramitación de la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo plazo de enmiendas finaliza este sábado 18 de febrero. “De aprobarse el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público tal y como está, se permitiría una ampliación sine die del tiempo de certificación. Esto, entre otros aspectos, produciría una involución en los plazos de pago que podría significar la destrucción de puestos de trabajo y cierre de empresas. No entendemos cómo se puede proponer volver al acuerdo entre las partes (entre contratista principal y subcontratista), y que todavía se confundan los plazos de pago con lo que son medios de pago como el confirming, entre otros. Esperamos que nuestras propuestas sean finalmente incluidas, por el bien de nuestras pymes y autónomos”, confiesa Cañete.

Cumbre contra la Morosidad 2017

“Como confiamos en que el régimen sancionador será una realidad en breve, desde la PMcM queremos crear el marco adecuado. Hemos comenzado ya a preparar la cuarta edición de nuestra Cumbre Político-Empresarial, que se celebrará a finales del primer trimestre del año”, explica el presidente de la entidad, Antoni Cañete.

“Todos los grupos políticos incluyeron la propuesta del régimen sancionador en sus últimos programas electorales y es por ello que esperamos contar en nuestra Cumbre con todos ellos y con la más alta representación por parte del Gobierno”, confiesa Cañete.

Los interesados en asistir pueden ya realizar su inscripción gratuitamente a través de la dirección de correo electrónico administracion@pmcm.es