La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha realizado un análisis de las enmiendas que los grupos políticos han presentado sobre los artículos que la entidad propuso modificar en el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público.

En líneas generales, hay prácticamente un consenso en no permitir una ampliación sine die del tiempo de certificación. El presidente de la PMcM se congratula de tal decisión y confía en que “este aspecto se rectifique en el texto legal definitivo, ya que de lo contrario, si se permite de nuevo el pacto entre las partes, se produciría una involución en los plazos de pago que podría significar la destrucción de puestos de trabajo y cierre de empresas”.

Exigencia de datos reales de plazos de pago de las AA.PP 

La PMcM también ha examinado el informe publicado por el Ministerio de Hacienda sobre los plazos medios de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas relativos a diciembre de 2016. En este sentido, la entidad celebra que “el Gobierno dé datos sobre sus plazos de pago (no como ocurre en el sector privado)”, y valora que “los registros mejoren”, pero le instan a “que no genere más confusión publicando datos que no se ajustan a la realidad». 

El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha querido recordar que “el Ministerio publica siempre los datos del número en concreto de días que exceden del plazo máximo legal permitido. Por ello, a las cifras que arroja la institución pública hay que sumarles otros 30 días (de plazo máximo legal permitido) para obtener así el plazo medio de pago real, esto es, el que comienza el cómputo en el primer día en el que tenía que haberse pagado la deuda”.

Precisamente por esta metodología Bruselas decidió el mes pasado abrir expediente al Gobierno de España y le ha dado de plazo hasta mediados de abril para que corrija esta práctica, que para Cañete se trata de “una forma de generar confusión y alterar el cálculo”.

Debido a esta práctica, hay datos con signo negativo en los publicados por el Gobierno, «como

si la AA.PP pagara antes de recibir el servicio. En realidad, solo los de signo negativo son los que pagan dentro del plazo permitido por ley, apenas unos pocos: dos Comunidades Autónomas y 11 capitales ayuntamientos de capital de provincia«, explica Cañete.

Jaén, Lugo y Granada, los Ayuntamientos con plazos de pago más dilatados 

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha analizado los datos publicados por el Ministerio de Hacienda sobre los plazos medios de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas relativos a diciembre de 2016, que ponen de manifiesto que los tres tipos de Administración Pública pagan en plazos que superan los 30 días permitidos por ley. 

Comparándolo con el mismo periodo del año anterior, se ha producido un nuevo incremento de la morosidad en la Administración Central y en la Local. Precisamente, los Ayuntamientos de NOTA DE PRENSA 

capital de provincia que encabezan la lista de los mayores incrementos producidos son Lugo (131%), Jaén (90%) y Valladolid (69%).

En número de días, Jaén registró el aumento más pronunciado (310,09 días), liquidando las facturas de sus proveedores en una media de 654,29 días (una cifra 21 veces superior al plazo permitido por ley). A Jaén le siguen otros Ayuntamientos de capital de provincia que al menos triplican el plazo medio de pago: Lugo (138,32), Granada (130,81), Cádiz (109,47), Huelva (95,20), Cuenca (92,32) y Cáceres (90,14). 

En lo que se refiere a las CC.AA., las tres únicas que han experimentado aumentos en los plazos de pago a proveedores en diciembre de 2016 comparado con el mismo mes del año anterior, han sido Canarias, Cantabria y Asturias, con un 56%, 14% y 5%, respectivamente. Atendiendo al número concreto de días, triplica el plazo legal permitido Región de Murcia (106,95), y lo duplican Comunidad Valenciana (85,85), Cantabria (72,23) e Islas Baleares (71,14). 

Si se compara diciembre de 2016 con el mismo mes del año anterior, el caso más llamativo de empeoramiento ha sido el de la Administración Central, que ha aumentado su plazo medio de pago a proveedores en un 15%, pasando de 37,76 a 43,52 días. Le sigue la Administración Local, que también incrementó su plazo medio de pago (2%), registrando una media de 72,55 días frente a los 71,10 del mismo periodo del año anterior. Por contra, la Administración Autonómica mostró un mejor comportamiento, reduciendo su plazo medio de pago de 81,12 días a 59,46 (-27%).

El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, aplaude el descenso significativo de las CC.AA., pero no entiende cómo el Gobierno no actúa ante los aumentos de los plazos de pago en la Administración Central y en la Local. “Esperamos que la senda descendente anterior vuelva al ámbito público y que también se haga extensible al sector privado a través de la instauración de un régimen sancionador”, manifiesta Cañete. Asimismo, señala que “no es justificable que no se aplacen los pagos de la Seguridad Social y del IVA porque consideren que ya no existen problemas de financiación”.

Facturación electrónica y periodos de pago más cortos 

Las facturas electrónicas presentadas ante las administraciones públicas a través de FACe desde el 15 de enero de 2015 (fecha de obligatoriedad de la medida), ya suman a febrero de 2017 un total de 15’2 millones facturas electrónicas por un valor de 75.757 millones de euros, según datos del Ministerio de Hacienda recogidos por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). NOTA DE PRENSA 

Por administraciones, prácticamente la mitad (46,8%) de las facturas electrónicas emitidas desde la puesta en marcha de este sistema se dirigieron a ayuntamientos, mientras que el 40,9% fue para las comunidades autónomas; el 9,7%, para el Estado; el 2,4%, para las universidades y, finalmente, el 0,3% para otras instituciones.

En lo que se refiere al importe acumulado, el mayor porcentaje lo acaparó la administración autonómica (39,5%), seguida de la local (33,2%), el Estado (24,8%), las universidades (2%), y otras instituciones (0,5%).

Es un hecho que la presentación de facturas electrónicas “está directamente relacionada con periodos de pago más cortos”, según Antoni Cañete, presidente de la PMcM. Sin duda, “la extensión de este sistema al sector privado, permitirá conocer la realidad de sus plazos medios de pago en España”.

No obstante, “el mismo efecto podría conseguirse poniendo en marcha el llamado Observatorio de la Morosidad, que tendría estas funciones de control y análisis, entre otras; y para aquellas compañías que incumplieran los plazos de pago debería instaurarse un Régimen Sancionador, para el que ya hay ciertos compromisos políticos adquiridos”.